GOBIERNO DE CUAUTITLÁN DOCUMENTA POSIBLE DAÑO AL ERARIO POR 417 MILLONES; VAN 42 PROCEDIMIENTOS Y 12 DENUNCIAS

Cuautitlán, Méx.- La presidenta municipal, Juanita Carrillo, informó que derivado de las auditorías, revisiones administrativas y procesos de fiscalización realizados al ejercicio fiscal 2024 de la administración anterior, se han detectado presuntas irregularidades que podrían representar un daño a la hacienda pública municipal superior a los 417 millones de pesos.

Durante una conferencia de prensa, acompañada por el titular del Órgano Interno de Control, Miguel Ángel Cuate, y el consejero jurídico del Ayuntamiento, Alejandro Raymundo Sánchez Mendizábal, la alcaldesa destacó que los resultados presentados son producto de meses de investigación, análisis documental y procedimientos de fiscalización realizados con estricto apego a la ley.

El titular del Órgano Interno de Control informó que actualmente se encuentran integrados 42 procedimientos administrativos de responsabilidad, derivados de observaciones detectadas exclusivamente en el ejercicio 2024.

De estos expedientes, 40 corresponden a posibles faltas administrativas, mientras que dos investigaciones han sido clasificadas como conductas graves, las cuales podrían derivar en sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para desempeñar cargos públicos.

Asimismo, explicó que algunos de los hallazgos involucran a servidores públicos de elección popular de la administración anterior, por lo que los expedientes serán remitidos a las instancias competentes para su sustanciación y resolución conforme a derecho.

En materia patrimonial, las auditorías realizadas por el gobierno municipal documentaron una posible afectación al erario por 147 millones de pesos, relacionada con observaciones en rubros como obra pública, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo financiero.

A esta cifra se suman observaciones formuladas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por un monto superior a 270 millones de pesos, lo que arroja un presunto daño acumulado superior a 417 millones de pesos.

Por su parte, el consejero jurídico Alejandro Raymundo Sánchez Mendizábal informó que, además de las responsabilidades administrativas, se identificaron elementos que podrían constituir conductas de carácter penal, motivo por el cual ya fueron presentadas 12 denuncias ante las autoridades correspondientes por la probable comisión de diversos ilícitos, entre ellos abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones.

La presidenta municipal Juanita Carrillo señaló que los resultados evidencian un patrón de malas prácticas administrativas que impactaron directamente en el desarrollo del municipio y en la calidad de los servicios públicos que reciben las familias de Cuautitlán.

«Hoy no estamos hablando de percepciones ni de señalamientos políticos. Estamos hablando de hechos documentados, auditorías, observaciones y procedimientos legales que acreditan un grave desaseo administrativo y un daño al patrimonio de las y los ciudadanos de Cuautitlán», afirmó.

La alcaldesa sostuvo que muchas de las deficiencias que actualmente enfrenta el municipio son consecuencia de decisiones irresponsables tomadas en administraciones pasadas, particularmente en materia de obra pública, infraestructura vial, autorizaciones para desarrollos logísticos y manejo de recursos públicos.

Indicó que existen casos de obras cuya vida útil fue considerablemente menor a la proyectada, así como proyectos que no cumplieron con las especificaciones técnicas necesarias, generando gastos millonarios sin beneficios duraderos para la población.

Juanita Carrillo subrayó que mientras se avanza en el esclarecimiento de estos hechos, su administración continúa fortaleciendo las finanzas municipales mediante una estrategia de recaudación, regularización empresarial y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Destacó que durante el primer año de gobierno se lograron invertir más de 300 millones de pesos en obra pública, recursos obtenidos sin apoyos extraordinarios y derivados principalmente del fortalecimiento de la recaudación municipal y del cumplimiento de obligaciones por parte de empresas asentadas en el territorio.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que las investigaciones continuarán y adelantó que actualmente se trabaja en la revisión de los ejercicios fiscales 2023 y 2022, así como en auditorías y procedimientos dentro del Sistema Municipal DIF, con el objetivo de garantizar que cualquier irregularidad sea investigada y sancionada conforme a la ley.

«Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía. Nuestro deber es administrarlos con honestidad, transparencia y responsabilidad. Quien haya abusado de la confianza del pueblo deberá responder ante las autoridades competentes», concluyó.